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Contexto caso Las Pavas

Las pavas1

El predio rural “Las Pavas”, está ubicado en municipio de El Peñón (departamento de Bolívar), es uno de los 149 casos identificados por el INCODER, que hacen parte del Plan de Choque de la política de tierras y desarrollo rural. En este predio se presentan disputas asociados con la posesión, tenencia, propiedad y uso de la tierra. Un grupo de 123 familias de campesinos de la vereda de Buenos Aires han acudido a las instancias judiciales para que les sea amparado su derecho a permanecer en esta tierra, en contra de los intereses  y títulos que alega tener sobre las mismas tierras la empresa Daabon, una de las grandes compañías productoras de aceite del país.

Algunos datos del municipio

 

El municipio de El Peñón tiene una población aproximada de 6949 personas (4216  hombres y 2733 mujeres, según los datos de la Alcaldía municipal para el año de 2008). En el Censo realizado en 2005 se identificó que el número de personas por hogar en El Peñón es de 5,3. En cuanto a educación, “el 47,0% de la población residente en El Peñón, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 22,7% secundaria; el 1,1% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,2% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 17,1%”.

 

Breve presentación de la disputa por la tierra

 

Los miembros de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), Creada en 1998, ha impulsado ante la justicia colombiana diferentes acciones jurídicas encaminadas a que se reconozca la titularidad que tienen las familias que hacen parte de esta agrupación, sobre lo que se conoce como el predio de mayor extensión, Las Pavas.
Según la ASOCAB, este predio fue abandonado por su propietario, señor Jesús Emilio Escobar Fernández, desde el año de 1997. Desde este momento, cerca de 123 familias de la vereda de Buenos Aires, ocuparon el predio, ejerciendo actos de posesión, desarrollando explotación económica y realizando mejoras en la tierra.

 

Para el año de 2003, grupos armados de paramilitares, del Bloque Central Bolívar iniciaron una campaña de amenazas y hostigamiento a los habitantes del predio, quienes debieron abandonar Las Pavas y desplazarse para preservar sus vidas. Sin embargo, en ese mismo año, las familias ocupantes, empezaron a retornar lentamente a Las Pavas y continuaron con su explotación económica, solicitando la intervención del Incoder para que declara la extinción de dominio del señor Escobar sobre estas tierras.

 

La Unidad Nacional de Tierras Rurales— UNAT— mediante  Resolución No 1473 de 2008, dispuso iniciar las diligencias administrativas tendientes a declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre los predios rurales denominados Las Pavas, Peñaloza, y Si Dios Quiere, al determinar que los predios mencionados no habían sido objeto de explotación económica por el titular del dominio.

 

Mientras este trámite se llevaba a cabo, el señor Jesús Emilio Escobar Fernández, vendió partes del predio a las sociedades Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama, (compañias palmeras del grupo DAABON), que en 2009 iniciaron una acción policiva de amparo de posesión en contra de ASOCAB. La autoridad competente falló a favor de las asociaciones ya señaladas, por lo cual se fijó diligencia de desalojo que se  llevó a cabo en julio del 2009. Para la ASOCAB, esta acción de policia estaba en contra de varios mandatos legales, pues la orden de desalojo desconoció, entre otras cosas, la resolución 1473 de 2008, de la UNAT.

 

El 8 de abril de 2011, la Corte Constitucional, en fallo de tutela (Sentencia T-267-11), amparó los derechos al debido proceso, a la vida digna y al trabajo del de los campesinos ocupantes del predio Las Pavas, representados por ASOCAB. En la providencia, se ordenó al INCODER que continúe con el proceso de clarificación de títulos y tenencia de las tierras, llevando a cabo el proceso con todas las medidas que garanticen los derechos tanto de las sociedades propietarias como de los campesinos de ASOCAB. De igual manera ordenó inaplicar “los actos administrativos 346 del 23 de febrero de 2010 y 766 del 7 de abril de 2010 del Subgerente de Tierras, al igual que los dictados el 28 de abril de 2010 y el 25 de mayo de 2010 por el Director Técnico de Procesos Agrarios de la Subgerencia de Tierras del INCODER, por medio de los cuales se abstuvo de iniciar proceso de extinción de dominio sobre el mencionado predio”.

 

Para octubre de 2011, no se había resuelto el proceso de titulación o restitución de tierras de Las Pavas. Según la Procuraduría General de la Nación, “La orden al Incoder fue la de continuar el proceso de extinción de dominio sobre las 1.235 hectáreas reclamadas y entregarlas a los campesinos. Pero el mandato de la Corte no se han cumplido”. Para el INCODER, “el Instituto ha obtenido avances en la extinción de dominio por mal aprovechamiento de los recursos”.