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Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 11 de octubre de 2005

Afirma que todos los Estados Miembros tengan la obligación de investigar y procesar a los responsables de tales crímenes. Además, el Artículo 11 señala que: “El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.”

Autor: ONU

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