Seccion - Categoria - Articulo Actual

Proceso 29075. 6 de julio de 2011

La Corte Suprema invalidó parcialmente las sentencias proferidas en 2001respecto de la absolución de los sindicados por los delitos de homicidio agravado y otro por la muere de Jesús María Valle, reconociendo lo expuesto por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en su Sentencia de 27 de noviembre de 2008-, estableció el incumplimiento del Estado Colombiano en la investigación y sanción para todos aquellos que resulten responsables.

Autor: Corte Suprema de justicia, SCP. M.P. Leonidas Bustos Martínez.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

icono-doc

Jesús María Valle - Homicidio - Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ley 1448 de 2011. 10 de junio de 2011

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043

icono-doc

Ley de víctimas - Reparación - Restitución de tierras

Proceso 30097. 8 de junio de 2011

La Corporación condenó al ex Senador Juan Carlos Martínez Sinisterra a la pena de prisión más las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en calidad de autor responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley (Bloque Calima). “Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada se torna acentuada en máxima potencia, en tanto la plural alianza verificada en esta decisión aumentó en grado sumo el riesgo de lesión al objeto de protección de la norma, poniendo al servicio de las fuerzas ilegítimas que acompañaron sus aspiraciones, la función pública que la democracia le encomendó, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue superlativo, porque fundida en una misma persona las condiciones de agente de grupos ilegales y del Estado, la seguridad pública sufrió un ataque frontal, amén del despojo de su legitimidad.”

Autor: Corte Suprema de justicia, SCP. MP. Javier Zapata Ortiz.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

icono-doc

Grupos armados - Concierto para promover grupos armados

52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados). 25 de mayo de 2011

La Sala declaró patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, como consecuencia de la muerte del soldado Libardo Ibáñez Muñoz, y las lesiones  sufridas por los soldados Duverney Guzmán Escudero y Libaniel Beltrán Figueroa, derivada del incumplimiento del deber positivo de protección de los derechos de los soldados con ocasión de la toma guerrillera de las Delicias, en el Departamento del Putumayo, el día 30 de agosto de 1996. Señala que los hechos ocurridos en la Base Militar de Las Delicias, hace exigible al Estado un deber positivo de protección no sólo respecto a los ciudadanos o población civil, sino también en relación con los propios miembros de la fuerza pública, y especialmente con aquellos que cumpliendo el deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio ostentan la calidad de ciudadanos-soldados. “Sin duda, el deber positivo que el Estado tiene para con los soldados que prestan el servicio militar obligatorio se extrema en condiciones específicas de conflicto armado interno y, específicamente, cuando ocurren hechos como los ocurridos en la Base Militar de las Delicias en los que se producen flagrantes violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal”.

Autor: Consejo de Estado. Sección Tercera. MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

http://190.24.134.67/pce/consultaproceso3.asp?numero=52001233100019970878901

icono-doc

Servicio militar obligatorio - Conflicto armado interno - DIH

T-379-11. 12 de mayo de 2011

La Corporación concedió el amparo del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad indígena Quillasinga en la acción de tutela contra el Municipio de Pasto y su Secretaría de Educación Municipal. La Corte indicó que “antes de reportar las vacantes en cargos de docentes o directivos docentes en instituciones educativas oficiales que atienden población indígena y población que no se identifica como perteneciente a una etnia, el departamento, el municipio o el distrito -según el caso- deberá convocar a una consulta previa a las comunidades indígenas con presencia en la respectiva entidad territorial con el fin de identificar criterios temporales para determinar en qué casos estas vacantes deben ser excluidas de los concursos públicos de méritos del decreto ley 1278 de 2002. Sólo una vez hecha la consulta previa –departamental, distrital o municipal- y definidos los referidos criterios temporales, estos podrán ser aplicados para determinar cuáles de los cargos vacantes se reportarán para el concurso público de méritos”.

Autor: Corte Constitucional. MP. Humberto Sierra Porto.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t%2D379%2D11.htm

icono-doc

Consulta previa - Derecho a la educación - Comunidad indígena

19001-23-31-000-1996-03006-01(20496). 12 de mayo de 2011

La Sala declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados por las lesiones causadas al señor Javier Marino Guauña Gaviria en hechos ocurridos el 1 de junio de 1996 en cercanías del barrio El Cadillal de la ciudad de Popayán, en donde, presuntamente, sufrió un accidente como consecuencia del actuar negligente e imprudente de dos miembros de la Policía Nacional que pretendían inmovilizar la motocicleta en la que se desplazaba.

Autor: Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Hernán Andrade Pinzón.

http://www.consejodeestado.gov.co/

icono-doc

Daño antijurídico - Uso privativo de la fuerza - Hecho de la víctima - Alteración a las condiciones de la existencia

76001232500019962231. 4 de mayo de 2011

La Sala encontró demostrada la falla del servicio de la entidad estatal –Policía  Nacional- puesto que el agente de esta institución actuó prevalido de su condición de funcionario público, participando de la execrable masacre en servicio activo, con uso de la información relevante, adquirida con ocasión de su investidura. “No resulta posible prohijar una postura contraria en los eventos en que agentes del Estado actúan como los mal llamados grupos de “limpieza social” -tal y como ocurrió en el asunto bajo análisis– toda vez que los daños antijurídicos que se causen devienen imputables a la administración pública, siempre y cuando se verifique que los funcionarios ejecutaron la respectiva acción en tiempo del servicio o prevalidos de la condición de miembros de la fuerza pública, o de circunstancias o nexos que configuran lo que se ha denominado ocasionalidad necesaria.”

Autor: Consejo de Estado. SCA-Sección Tercera. C.P. Enrique Gil Botero.

http://www.consejodeestado.gov.co/

icono-doc

Falla de servicio - Falla personal - Limpieza social

08001-23-31-000-2011-00109-01(AC). 4 de mayo de 2011

La sala concedió la tutela solicitada por la accionante al considerar “que las entidades accionadas han superado ampliamente el término señalado por el Decreto 1290 de 2008 para dar trámite a la solicitud de reparación, lo cual, a todas luces, resulta atentatorio de los derechos a la reparación y al debido proceso, toda vez que con la expedición del referido Decreto se pretende reparar a las víctimas del conflicto armado de manera anticipada y rápida para así brindarle una posibilidad diferente a la judicial, la cual resulta ser dispendiosa, razón por la cual, al no cumplir con los términos establecidos, obliga al solicitante a emplear la acción de tutela para proteger sus derechos que se encuentran reconocidos nacional e internacionalmente, con lo que se somete a la víctima a un interminable proceso y a una revictimización”.

Autor: Consejo de Estado. SCA- Sección primera. C.P. María Elizabeth García González.

http://190.24.134.67/pce/consultaproceso3.asp?mindice=08001233100020110010901

Reparación administrativa - Víctimas de la violencia

Decreto 4619 de 2010. 13 de diciembre de 2010

Por el cual se reglamenta el artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, y se deroga el Decreto 1059 de 2008, modificado por el Decreto 4874 de 2008.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40942#3

icono-doc

Indulto - Beneficiarios

C-936-10. 23 de noviembre de 2010

Entre otras cosas, respecto al principio de oportunidad y los derechos de las víctimas,  la Corte indicó que “A la hora de diseñar las causales de aplicación del principio de  oportunidad penal, el legislador encuentra un límite derivado del mandato constitucional que impone a las autoridades el deber de  asegurar la vigencia de un orden justo, tal como lo postula el Preámbulo, el artículo 2° de la Carta, así como los compromisos internacionales del Estado en materia de acceso a la administración de justicia en procura de la defensa de los derechos humanos, y para asegurar la efectividad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones. Este límite no se refiere a las circunstancias objetivas o subjetivas que rodean la comisión, la investigación o el juzgamiento de una conducta punible, sino a la naturaleza especialmente grave del delito en sí mismo considerado”.

Autor: Corte Constitucional. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c%2D936%2D10.htm

icono-doc

Principio de oportunidad - Desmovilizados - Política criminal - Derechos de las víctimas

Zetta Ingeniería