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T-458-10. 15 de junio de 2010

La Corte confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena), en contra de Acción Social, en cuanto tuteló el derecho a la reparación integral delas actoras. Al respecto señaló que “El derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto significa que su alcance excede la visión meramente económica de la participación de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los responsables del daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En el plano individual, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se extienden a“(i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y (iii) la satisfacción o reparación moral”. En el plano comunitario, también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley, tienen derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia”.

Autor: Corte Constitucional. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D458%2D10.htm

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Población desplazada - Reparación integral - Reparación administrativa

Decreto 1737 de 2010. 19 de mayo de 2010

Por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39575#39

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Programa de protección a víctimas y testigos - Riesgo - Ley de justicia y paz

T-372-10. 18 de mayo de 2010

La sala amparó los derechos a la personalidad jurídica y a la protección especial del Estado por encontrarse en situación de desplazamiento del hijo del accionante quien obraba como agente oficioso. En cuanto al caso señaló la Corte: “No obstante, la Sala advierte que una medida que a primera vista parece adecuada para frenar la vulneración de los derechos del accionante, consistente en ordenar el desacuartelamiento y la entrega de la tarjeta militar provisional no lo es para esta situación en concreto”. Teniendo en cuenta que al accionante  le restan pocos meses para la finalización de este servicio, “valorando el hecho de que el accionante ha cumplido con el deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio casi en su totalidad, y que las autoridades accionadas no lo retiraron del servicio militar cuando tuvieron conocimiento de su condición, la Sala ordenará desacuartelar al accionante, e inaplicar para este caso particular los artículos 11 y 13 de la Ley 48 de 1993, otorgándole al accionante la tarjeta de reservista de la clase que corresponda”.

Autor: Corte Constitucional. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D372%2D10.htm

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Servicio militar obligatorio - Desplazado - Libreta militar

T-339-10. 11 de mayo de 2010

La Corte tuteló el derecho a la seguridad personal del actor, quien alegaba riego “por haber sido vocero público del proceso de paz de la Corriente de Renovación Socialista y en los años posteriores (…) por [su] actividad social como defensor de derechos humanos (…), asesorando a víctimas del conflicto armado” en la Corporación Nuevo Arcoiris. Señaló la Sala que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias para proteger a aquellos individuos que se encuentran sometidos a un nivel de amenaza. En todo caso, cuando el peticionario exige la protección de este derecho, deber demostrar, al menos sumariamente, los hechos que demuestran o permiten deducir que se encuentra sometido a una amenaza, siempre teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha detectado ciertos grupos de especial protección que, dada su condición o su contexto, históricamente han estado más factiblemente expuestos a amenazas. Por último, en virtud del derecho a la seguridad personal, las autoridades tienen el deber de prestar medidas de protección individual a las personas que están sometidas a una amenaza aunque no exista una norma concreta que las obligue pues los derechos fundamentales son vinculantes y la Constitución tiene fuerza normativa directa”.

Autor: Corte Constitucional. MP. Juan Carlos Henao Pérez.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D339%2D10.htm

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Seguridad personal - Vida - Medidas de protección

Decreto 1160 de 2010. 13 de abril de 2010

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y se deroga el Decreto 973 de 2005.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39327#70

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Población desplazada - Vivienda rural - Subsidio

Proceso 33788. 24 de marzo de 2010

La Corporación aceptó la solicitud del apoderado de Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón” de cambiar la radicación del proceso, básicamente por constituir un hecho notorio la presencia paramilitar en la zona,  de Puerto Boyacá. Pese a ello, la Sala rechaza los fundamentos expuestos por el peticionario basados en especulaciones acerca del temor que habría sentido el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá que lo condujeron a declararse incompetente para asumir el conocimiento del proceso seguido por los mismos delitos en contra de John Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, cuyo trámite se sigue por cuerda separado ante su decisión de acogerse a sentencia anticipada.

Autor: Corte Suprema de Justicia. SCP. MP. María del Rosario González de Lemos.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Reclutamiento de menores - Grupos al margen de la ley

Proceso 26585. 17 de febrero de 2010

La sala declaró a HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA, ex senador de la República, responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, previstos en el artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, por sus vínculos con organizaciones paramilitares en la región de Urabá. Esta vinculación permitió su ingreso al Senado de la República.

Autor: Corte Suprema de Justicia. SCP. MP. María del Rosario González de Lemos.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Concierto para delinquir agravado - Grupos al margen de la ley

T-099-10. 15 de febrero de 2010

La Corte tuteló los derechos fundamentales a la asistencia humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria, señalando que la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la prórroga de la asistencia humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria, al negar la ayuda solicitadas argumentando que no tenía legitimidad para elevar dicha solicitud pues no aparecía como jefe de hogar en el RUPD. “En síntesis, el hecho de exigirle a una persona que ostenta la calidad de desplazada y que está inscrita en el RUPD, la demostración de ser jefe de hogar, es imponerle una formalidad contraria a derecho por desconocer el principio de legalidad, además de ser desproporcionada e innecesaria. (…) Adicionalmente, la Sala estima que, con independencia de que en el caso concreto la peticionaria estuviera o no registrada como jefe de hogar en el RUPD, la entidad accionada no puede exigirle a un desplazado ostentar la calidad de jefe de hogar para acceder a las ayudas solicitadas pues se trata de un requisito que no existe en ninguna norma legal”.

Autor: Corte Constitucional. MP. Juan Carlos Henao Pérez.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D099%2D10.htm

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Población desplazada - Estado de cosas inconstitucional - Restablecimiento socio económico

Proceso 33124. 11 de febrero de 2010

En la apelación que se tramitó, la Sala definió confirmar el auto de primera instancia en cuanto fue objeto de impugnación por la situación del postulado Libardo Duarte, de  quien el funcionario de la Unidad de Justicia y Paz había solicitó su exclusión de la ley 975. La Corporación señaló  que “no existe razón para desvincular a LIBARDO DUARTE del proceso de justicia y paz adelantado en su contra, y de otra, resultaba necesario excluir de este procedimiento lo relacionado con las conductas punibles realizadas por ser miembro de grupos armados ilegales, por las cuales ya fue condenado, a fin de que se ejecuten las penas impuestas, amén de que en su momento se procederá a la respectiva acumulación jurídica de las sanciones derivadas de tales delitos y de aquellos por los cuales aquí se proceda”.

Autor: Corte Suprema de Justicia. SCP. MP. María del Rosario González de Lemos.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Desmovilizado - Ley de Justicia y paz - Justicia ordinaria

T-045-10. 2 de febrero de 2010

La Corte tuteló el derecho a la salud de las accionantes, recordando que de “conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, las entidades públicas encargadas de garantizar la prestación de los servicios de salud, deben preocuparse no sólo por cumplir los cuatro elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la salud, a saber, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, sino que además deben contemplar las circunstancias particulares que se desprenden del hecho de ser víctimas del conflicto armando y del desplazamiento forzado, tales como la dificultad de acceder a los servicios de salud, el incremento de riesgo para contraer enfermedades que surge a partir de las condiciones deplorables a las que son sometidas las personas en situación de desplazamiento, las circunstancias de extrema de vulnerabilidad agudizada cuando los actos de violencia se ejercen contra las mujeres, las precarias condiciones económicas de las víctimas y de sus núcleos familiares y la inestabilidad emocional”.

Autor: Corte Constitucional. MP. María Victoria Calle Correa.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D045%2D10.htm

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Conflicto armado interno - Desplazados - Derecho a la salud