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Auto 327. 1 de octubre de 2010

Como cumplimiento a la sentencia T-388-09, la Corte definió algunas medidas, tales como solicitar “a la Superintendencia Nacional de Salud que, dentro del mes siguiente a la notificación del presente auto, informe (i) si, además de la expedición de la Circular Externa 058 de 2009, ha adoptado otras medidas de carácter general en cumplimiento de la orden dada en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-388 de 2009, (ii) las actividades que ha emprendido para supervisar el cumplimiento de la Circular Externa 058 de 2009 y si ha recibido quejas y/o ha abierto investigaciones administrativas contra EPS o IPS públicas o privadas por el desconocimiento de la misma y el estado en el que están y (iii) si ha advertido obstáculos para la aplicación de la Circular Externa 058 de 2009 y, de ser así, en qué consisten”.

Autor: Corte Constitucional. MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A327-10.htm

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Derechos sexuales y reproductivos - Sentencia T-388-09 - Objeción de conciencia

Proceso 34653. 27 de septiembre de 2010

La Corporación declaró al doctor RUBÉN DARÍO QUINTERO VILLADA ex Senador de la República, responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, previsto en el artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, por sus vínculos con grupos de autodefensa en el Urabá antioqueño.

Autor: Corte Suprema de justicia, SCP. M.P. María del Rosario González de Lemos.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Grupos al margen de la ley - Concierto para promover grupos armados

Proceso 33857. 23 de septiembre de 2010

La Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado postulado RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO contra la decisión adoptada el 18 de marzo de 2010 en la audiencia de imputación por el Magistrado con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá por medio de la cual negó la sustitución de la detención preventiva intramural de su asistido por la reclusión en el lugar de domicilio. Al estar de acuerdo con esta decisión, la Corporación señaló. “Es así que, en los casos que se regulan por la Ley 975 de 2005, el margen para discutir la necesidad y suficiencia de la medida de aseguramiento intramural es bien escaso, precisamente porque el fundamento de este trámite procesal es que se trata de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil, y porque como se trata de un proceso diseñado ‘a la medida de las víctimas’, se impone atender a su percepción de justicia, la cual naturalmente se vería burlada si se llegare a considerar que uno de los dirigentes más antiguos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio viva aún en el municipio de Puerto Triunfo o en una residencia particular en Bogotá”.

Autor: Corte Suprema de justicia, SCP. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

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Ley de justicia y Paz - Postulado - Reclusión en domicilio

Proceso 28835. 15 de septiembre de 2010

La Corporación declaró penalmente responsable a Miguel Ángel Rangel Sosa, ex Representante a la Cámara, como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley de que trata el artículo 340 inciso 2° de la Ley 599 de 2000, por su vinculación con grupos de autodefensa y de sus líderes, entre otros “Ernesto Baez”.

Autor: Corte Suprema de Justicia. SCP. MP. María del Rosario González de Lemos.

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Concierto para delinquir

T-690-10. 2 de septiembre de 2010

La Corte amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida y a la salud de los internos y las internas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Señaló que “el hecho de la privación de la libertad no significa de ninguna manera la anulación de los derechos fundamentales de los(as) condenados(as) o detenidos(as). En este sentido existen algunos derechos fundamentales que se les suspenden, otros que se les limitan y otros tantos que permanecen intactos. La determinación de aquellos derechos que pertenecen a cada uno de estos grupos –los derechos suspendidos, los limitados y los intangibles- debe estar guiada siempre por los objetivos de lograr la resocialización, cual es el fin principal de la sanción penal, y de permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de todos(as) los(as) internos(as). (…)Una suspensión o limitación de los derechos fundamentales que no esté legitimada en estos objetivos, que sea innecesaria o desproporcionada resulta una sanción adicional y excesiva no autorizada por la Constitución y una violación de derechos fundamentales”.

Autor: Corte Constitucional. MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D690%2D10.htm

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Establecimiento carcelario - Derechos del interno

Proceso 34546. 23 de agosto de 2010

La Corte negó el pedimento de libertad condicional para ARAMIS MACHADO ORTIZ, alias “Cabo Machado”, “Martín Moreno” o “Iguano”, desmovilizado del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, dentro del marco de la Ley 975 de 2005, señalando su improcedencia “en virtud a que tal normatividad de transición no consagra dicho beneficio, es mas, específicamente regula lo contrario en el parágrafo del artículo 29 ibídem, según el cual “en ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa”, ello en razón a la significativa reducción de la sanción privativa de la libertad que ordinariamente ameritarían los punibles confesados por los postulados, que de suyo comportan ya un beneficio.

Autor: Corte Suprema de justicia, SCP. MP. Javier Zapata Ortiz.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Libertad condicional - Ley de Justicia y Paz

Proceso 26414. 14 de julio de 2010

La Sala definió CASAR el fallo impugnado, confirmando la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Bogotá el 19 de diciembre de 2005, mediante la cual se condenó a los procesados JOSÉ ARLES PATIÑO CARMONA y JAMES CALDERÓN MARTÍNEZ, por la muerte de dos menores que fueron recogidos, cerca de sus residencias por parte de un sujeto que se identificó como miembro de la Fiscalía. A las siete de la noche los cuerpos de los menores fueron encontrados sin vida en la vía Choachí, con varios disparos de arma de fuego. Los menores habían sido objeto de amenazas previas a raíz de sus testimonios dentro de la investigación que cursaba en la Fiscalía por el homicidio de cinco jóvenes, en el barrio San Cristóbal Norte de Bogotá, al parecer por agentes de la Policía de la Estación Primera de Usaquén, crimen del cual fueron testigos.

Autor: Corte Suprema de Justicia. MP. Sigifredo Espinoza Pérez.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Homicidio agravado - Amenazas personales - Secuestro simple

Proceso 34170. 24 de junio de 2010

La Sala negó la solicitud de libertad provisional del postulado Alonso de Jesús Monsalve ya que “por las especialísimas características del proceso de justicia alternativa no están previstas causales de libertad provisional a favor de los postulados, motivo por el cual la Sala no acepta los argumentos del recurrente y confirma lo resuelto por el a quo”, quien había negado también esta solicitud.

Autor: Corte Suprema de Justicia. MP. Yesid Ramírez Bastidas.

http://190.24.134.69/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX

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Homicidio agravado - Amenazas personales - Secuestro simple

T-511-10. 18 de junio de 2010

La Corte concedió el amparo del derecho de acceso a la información de las Sras. Zonia Betancourt Rojas y Gabriela Fuquene Betancourt, información que permitiría establecer los hechos en los que condujeron a la muerte del Sr. Guillermo Rivera Fuquene. Por tanto, se ordenó “al Comandante de la Sexta Estación Tunjuelito de la  Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá que en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia suministre la información solicitada por las Sras. Zonia Betancourt Rojas y Gabriela Fuquene Betancourt relacionada con: (i) las patrullas de la Policía Nacional que se encontraban en el Barrio El Tunal, el 22 de abril de 2008, entre las 6:30 a.m. y 7:00 a.m., según consta en registro fotográfico captado por las cámaras de seguridad de los Conjuntos Cerrados Norte de Santander y Risaralda; (ii) la labor que estaban desempeñando dichas patrullas y (iii) los miembros de la fuerza pública que intervinieron en tales labores”.

Autor: Corte Constitucional. MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D511%2D10.htm

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Derecho a la información - Reserva legal - Información pública

T-472-10. 16 de junio de 2010

La Corte amparó el derecho a la vivienda digna de un desplazado anotando que “la conducta desplegada por las entidades demandadas en la ejecución del proyecto ciudadela “San Antonio”; así como la desidia con la cual ha respondido a los reclamos de beneficiarios como el peticionario, dista mucho de respetar el derecho a la vivienda digna del actor. “En igual forma, la Corte señaló que el derecho a la vivienda digna debe garantizarse en condiciones de asequibilidad, es decir, “que exista una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia” dándose especial prioridad, “a los grupos desfavorecidos como las personas de la tercera edad, los niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los portadores de VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados por la violencia.”

Autor: Corte Constitucional. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D472%2D10.htm

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Población desplazada - Vivienda digna

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