VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA


La definición de “victima de la violencia política”, se construye a partir de dos fórmulas distintas: la primera de ellas, relacionada con la población civil que sufrió perjuicios en determinados bienes jurídicos, como resultado de actos terroristas en el marco del conflicto armado; y la segunda, construida a partir de la definición de personas desplazadas contenida en el artículo 1º de la Ley 387/97. Dos perspectivas distintas entre las que se ubican los derechos de la población desplazada por la violencia, por la condición del desplazamiento y por la condición de víctima de la violencia política.

Fuente: Sentencia  de Tutela 006 de 2014
Ver también
Sentencia T-234 de 2009
Sentencia T-830 de 2009
Sentencia C-914 de 2010


ASISTENCIA HUMANITARIA - AYUDA HUMANITARIA

A efectos de distinguir la atención a la que tienen derecho, en cada evento, esta Corporación en la Sentencia T-572 de 2008 señaló
“Acorde con los argumentos expuestos, en las consideraciones de esta providencia, la asistencia humanitaria que se entrega con base en lo dispuesto por la ley 418 de 1997, se consagró en favor de las víctimas de la violencia política como una ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que le han sido menoscabados por atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Distinta es la asistencia humanitaria que se entrega a favor de la población desplazada por la violencia en virtud del artículo 1º de la Ley 387 de 1997, que consagra una ayuda de emergencia, temporal e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y apoyo la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas de alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública”

Fuente: Sentencia  de Tutela 006 de 2014
Ver también
Sentencia T-419 de 2003
Sentencia T-856 de 2011
Sentencia T-702 de 2012



PERSONA DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA - VÍCTIMA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

En relación con este tema, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 119 de 2013, dijo:

“Ahora bien, la Sala Especial de Seguimiento considera que los supuestos bajo los cuales se reconoce la condición de víctima en el marco del conflicto armado son distintos de aquellos dirigidos a reconocer la condición de persona desplazada por la violencia y que, por lo tanto, no se los puede equiparar sin más. Las diferencias se pueden agrupar en dos argumentos distintos que se entrelazan entre sí. Por un lado, (A) la diferencia entre la construcción del concepto de persona desplazada por la violencia y el concepto operativo de víctima en el marco del conflicto armado; y por el otro, (B) el alcance de los argumentos que son propios del discurso de justicia transicional que ha desarrollado la Corte para efectos de garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales no se pueden extender, sin más, a los ámbitos de atención y protección para las víctimas de desplazamiento forzado ocasionado por la violencia generalizada, esté originada o no en el conflicto armado interno (…)

En esa medida, la Sala Plena no se pronunció acerca de la condición fáctica de las personas desplazadas por la violencia, ni del derecho fundamental a que su condición sea reconocida mediante el registro. Para las personas desplazadas el acento radica precisamente en aquello que no se está definiendo en la Ley 1448 de 2011 y que no fue objeto del examen de constitucionalidad, a saber: cuándo se está en la situación material o cuándo se adquiere la condición fáctica de persona desplazada por la violencia bajo los estándares generales de tal concepto. Esta pregunta no responde a ninguna definición operativa para efectos de la aplicación de una ley. Todo lo contrario. En un movimiento que es inverso, la construcción del concepto de persona desplazada por la violencia responde, en primer lugar, a la configuración de la condición fáctica bajo los estándares generales definidos por la Corte Constitucional: la coacción ejercida, o la ocurrencia de hechos de carácter violento bajo los escenarios señalados en la Ley 387 de 1997, que hacen necesario el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Esta cuestión de hecho, como se explicó en secciones anteriores, somete a la población que la padece a unas circunstancias que son de vulnerabilidad extrema y que son excepcionales (de emergencia).

Tal como se ha explicado a lo largo de este pronunciamiento, para efectos de adquirir la condición de persona desplazada por la violencia basta con que se configuren los dos requisitos materiales que ha señalado la Corte Constitucional. Las personas desplazadas por BACRIM o en situaciones en las que no se guarde una relación directa o cercana con el conflicto armado, pero que sí se enmarquen en los escenarios definidos por la Ley 387 de 1997 y respaldados por la Corte Constitucional, sí cumplirían con los dos requisitos mínimos establecidos, en igualdad de condiciones que las personas desplazadas con ocasión del conflicto armado. Sin embargo, la decisión de no inclusión en el Registro Único de Víctimas los estaría sumergiendo en un déficit de protección que es contrario al principio de igualdad y al deber de protección que consagra el artículo 2 superior, considerando que tales personas desplazadas se encuentran en las mismas circunstancias de vulnerabilidad que las demás personas desplazadas por la violencia.

Fuente: Sentencia  de Tutela 006 de 2014
Ver también
Sentencia T-004 de 2009
Sentencia C-609 de 2012
Sentencia C-252 de 2012